Queridos lectores,
Hoy les vamos a presentar otra de esas instituciones canarias que existen, nos cuestan dinero, pero cuya actividad se reduce al cero, puesto que su capacidad real de ejecución es escasa. Hoy hablaremos del Diputado del Común.
¿Y qué es el Diputado del Común?
Es el defensor del pueblo de Canarias. Lo designa el Parlamento de Canarias para que defienda los derechos y libertades constitucionales de todas las personas. Para ello supervisa las actividades de las administraciones públicas canarias (Administración autonómica, cabildos y ayuntamientos).
Ésto es lo que pone en su web. Pero si tiramos de Wikipedia…
El Diputado del Común no tiene el poder de dictar sentencias, imponer sanciones o suspender las actuaciones administrativas, teniendo en cambio, facultad para investigar y denunciar. Puede tanto actuar a iniciativa propia (de oficio) como a petición de cualquier persona física o jurídica, sin distinciones de condición; pudiendo investigar cualquier actuación de las administraciones públicas canarias que vulnere los derechos de las personas, como pueda ser, por ejemplo, la arbitrariedad en la aplicación de normas o un trato incorrecto al ciudadano. No obstante, no puede participar en conflictos de intereses entre particulares, asuntos en los que haya una sentencia o pendientes de resolución judicial, al igual que tampoco trata las quejas anónimas o infundadas.
Traduciendo que es gerundio: puede echarle un ojo a todo, pero no puede denunciar nada. Simplemente elabora informes genéricos sobre el estado de las cosas, pero no puede tomar ninguna decisión, medida o plan para corregir las irregularidades que detecte. Por ejemplo, sobre los casos de corrupción de Canarias, el Diputado del Común lo más que podría hacer es darnos la dirección del juzgado de guardia más cercano. Curiosamente, su sede está en la conocida calle Real de la isla de La Palma, aunque hay oficinas en todas las islas.
Pues bien, Manuel Alcaide (que así se llama nuestro diputado del Común) ha dicho a Europa Press hace unas horas lo siguiente de manera literal.
En la época del franquismo, no había Defensor del Pueblo, y creo que ni falta que hacía. Las administraciones estaban muy controladas, se regían como si fuera un cuartel y funcionaban mucho mejor. En la época de Franco, la administración era como un cuartel. Existían funcionarios, secretarios, interventores, depositarios…, y estaba todo reglado porque eran funcionarios profesionales. Cuando llega la democracia a los ayuntamientos, pues se confunden, porque ya intervienen concejales que pueden tener preparación o no. En definitiva, el mundo administrativo se ha complicado excesivamente y ese es el trauma que nosotros tenemos.
Tiene razón el hombre, esto de elecciones democráticas es un desastre, pueden votar todos y puede salir electo cualquiera, así no funciona nada. Las cosas como antes, por la Gracia de Dios y punto. Y siendo de Opus, mejor que mejor. Dar derechos y libertades con lo sencillo que es tirar a los disidentes a los pozos, hombre por Dios[/IRONICO]
Es confortante saber que tenemos a un nostálgico del Régimen como garante de los derechos de los canarios frente a las administraciones, ¿no creen?
Este artículo fue escrito el 02/07/2009 18:01 por Autóctono.
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