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Josefa

28/08/2015 15:35
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Josefa Hernández ya está en libertad. Y me alegro por ella. Me niego a llamarla “la abuela de Fuerteventura”, “la abuela Josefa” y demás zarandajas, como han corrido a titular la mayoría de los medios, porque como bien dice un conocido internetero:

Me hace reír cómo se manipula desde el titular, no ingresa en prisión una mujer o una anciana sino una “abuela”. De Botín nunca se hubiera dicho que era un abuelo que dirigía un banco.

Recordemos todo lo sucedido con el caso de Antonio y Berta en Tacoronte, como se nos dijo que dos personas mayores se quedaban en la calle y desamparados a cuenta de una sentencia firme que ganaba un vecino, el cual fue vilipendiado por el resto del pueblo. Se omitía sin embargo matices importantes, como que el matrimonio desalojado tenía una casa justo al lado.

Ahora ocurre algo parecido. Qué bien queda presentar una historia de injusticia, de lucha, de desgracia, una señora, también mayor, que es pisoteada por leyes inhumanas y tiene que ir a prisión. No es suficiente. Digamos en todo momento que tiene hijos y nietos a su cargo, son muchos, eso lo mejora. Más. Que además cobra una pensión ínfima. Más. Que la casa donde vive (digamos lo de ilegal en sentencia firme pero poco). Es agosto. Hay periódicos y programas de radio y televisión que llenar. Si ocurriese en otro momento del año probablemente no pasase de ser tratado informativamente como otro suceso más. Ya lo tenemos todo. No, espera, saquemos además que existen otras construcciones ilegales, que es una vergüenza que ahí sigan (y lo es), son de gente poderosa y a ellos nos les pasa nada. Venga, imágenes de la señora, de sus hijos, de la peor parte de la casa, sí la de madera (la que construyó después y por eso se la declara en rebeldía) que da más pena y sensación de indigencia, y no la grande de piedra y bien pintada de blanco con su antena parabólica. Y por favor en todo momento pasemos de puntillas o no les busquemos respuesta a ciertos detalles, como si molestasen para esta historia tan dickensiana.

¿A qué lector, radioyente o televidente le importará los muchos interrogantes de todo este asunto? Ahí van algunas:

- ¿Qué ayudas ha recibido esta familia en todo este tiempo hasta llegar a esta situación? ¿Cómo es posible que las circunstancias de esta señora, con varios hijos (que también tela con los vástagos) y nietos a su cargo con una ayuda insignificante (eso se afirma), se haya prolongado tanto tiempo?

- Si el Ayuntamiento de Betancuria, el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias hasta ahora aparentemente no han hecho nada por mejorar las condiciones de esa familia, ¿cómo es que ahora corren para la foto con la afectada (al menos los primeros representantes de las dos primeras instituciones)?

- ¿Qué se la pasa por la cabeza a la flamante y desustanciada consejera viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Isabel Mena, para que diga ahora que se le va a ceder una vivienda de renta libre en Puerto del Rosario si la familia quiere, “ya que la familia ahora tiene que valorar si quieren cambiar por un tiempo de municipio” (como si mudarse entre dos municipios limítrofes fuese una hazaña heroica) y “no se está dando privilegio a Josefa Hernández” (Ah, no? ¿Lo hará la consejera también con aquellas familias que llevan tiempo en espera de una vivienda?)?

- Tras recibir un indulto parcial (que le evita la pena de cárcel decretada por la jueza por su rebeldía pero no el derribo de su casa) ¿quién asesora a doña Josefa para que afirme que “lo justo sería que no tuviese que derribar la casa” cuando el mismo auto que decreta su libertad se afirma lo siguiente?

“Vaya por delante que los argumentos de la magistrada de instancia para denegar la suspensión de la pena privativa de libertad no nos parecen, para nada, insensatos ni descabellados, sino sólidos y consistentes, porque lo cierto es que la condenada no ha procedido a la demolición de lo ilegalmente construido en el plazo concedido para ello”, dice la Sala.
Los magistrados destacan la actitud “renuente y rebelde” de Josefa Hernández para cumplir la orden de demolición y la responsabiliza de haber llegado a esta situación: “Buena parte, sino toda, la culpa de la denegación de la suspensión cabe situarla en el solo haber de la condenada, que no ha mostrado la probidad exigible en la reparación del daño causado que se espera de un condenado por la vía penal”.

- ¿Cuántos casos como el de Josefa Hernández existen en Canarias?

Y así muchos más.

Josefa Hernández ya está en su casa. Su casa ilegal. Ha sido condenada por eso. No lo olvidemos.



Actualización 28/08/2015: Según informa Canarias7,

Su excarcelación tiene un sabor agridulce, ya que la abuela majorera se muestra ahora preocupada por la ubicación de la nueva vivienda en Puerto del Rosario, a unos 25 kilómetros del municipio donde residen los suyos, Betancuria.
También se pregunta cómo puede afectar el cambio a los tres nietos menores que tiene a su cargo la escolarización en un nuevo centro, alejados del que ha sido hasta ahora su entorno escolar.
“Me preocupa cómo puede afectar psicológicamente el traslado”, apunta Josefa, quien teme cómo pueden responder los pequeños al llegar a un entorno “donde no conocen a nadie y sin amigos”.

Sería bueno que alguien aconsejara a esta señora sobre el tipo de declaraciones que debería realizar.

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Comentarios [2]

    1. Olivio dice:

      Seguro que este proceso no se desarrolló en 3 meses. Seguro que estamos hablando de años de papeleo. ¿Dónde estaban los alcaldes, concejales, presidentes, consejeros? ¿Dónde estaban todos? “Señora: si no cumple puede acabar en prisión”. “Usted no tiene medios para contratar a todos los abogados que hacen falta para recurrir, alegar, retrasar… Usted no es la dueña de un Hotel” “Si usted no puede el Ayuntamiento le ayuda a derribar la parte ilegal” “El asistente social hizo su trabajo y usted puede acceder a una vivienda social en igualdad de condiciones que el resto de sus vecinos”.

      No creo que fuera tan difícil pero entonces no habría “Abuela de Fuerteventura”


    1. Alejandro dice:

      Josefa fue condenada por DESACATO, no por acometer una construcción ilegal, es autora en primer grado de un delito de desobediencia a la autoridad judicial, el delito más grave que puede cometer cualquier ciudadano español. Todo lo demás es accesorio y anecdótico. De la actuación de los políticos, jueces y periodistas alrededor de este singular hecho nada que comentar, cada uno hace campaña como le parece.




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