La única traquina que ha dado Tebeto es la mediática – política – administrativa – judicial. Que no ha sido poca traquina, por cierto.
Para mí, todo el Tebetogate es como Cataratas de Pasión, ya que mi opinión sobre el asunto se resume casi igual que la letra de la sintonía de tan recordada telenovela:
… un tinglado que no entiendo ya ni yo / guo ooh oooooh / torbellino de pasiones / arrebato de emociones / laberinto de rencores / es un lío de cojo… / ¡¡cataratas de pasión!! / …
Mi madre, fina analista de la realidad, sintetiza toda la movida de la mega – macro – hiper – indemnización de Tebeto en unas sabias palabras, fruto de sus muchos años manejándose en la escasez: cómo se nota que las perras no son de ellos.
Tebeto no es más que un ejemplo de los métodos y procedimientos con que se maneja la cosa pública en esta santa y castigada tierra. Un error por aquí, una decisión arbitraria por allá, un acto discutible en la siguiente esquina… El caso es que un señor con nombre de mal defensa del Bari, Rafael Bittini, va a ingresar más de 100 millones de euros, si nada lo remedia, como resultado de esta rocambolesca historia (perdón por el rollo, que es un poco largo, como la propia historia; si se les hace muy pesado, léanlo con la musiquita de la serie “Enredo”, a mí me funciona):
Corría el año 1993 cuando Canteras Cabo Verde se encontraba en la fase de investigación de un expediente que llevaba por fin conseguir los derechos de explotación de Tebeto. El equipo que Saavedra colocó al frente de Industria, con Andrés Calvo (ya fallecido) como consejero, Juan Mederos como viceconsejero y Paquita Luengo como secretaria general técnica, decidió dar por caducado el expediente. En parte debido a la inactividad que supuso que Bittini estuviera tres años, cuatro meses y seis días sin mover un solo papel del expediente, a pesar de los requerimientos que desde Industria se le hacían para presentar un plan de restauración de la zona sin el que era imposible la concesión.
Luego llegó el Gobierno del presidente Manuel Hermoso, que decidió cancelar el expediente de concesión de la explotación.
Pero Industria cometió un monumental error que permitió a Bittini conseguir el primer as del repóquer, el de corazones: veinte días antes de extinguir la concesión que tenía Canteras Cabo Verde, otorgó a una empresa de la competencia, Cantería de Arucas, un permiso para extraer piedra de una cuadrícula minera que se encontraba dentro del expediente que tenía Bittini. La desidia del empresario, compensada con un error administrativo.
Con la decisión de la Justicia ya inamovible, Rafael Bittini hace valer sus derechos y obliga a Luis Soria (PP), consejero de Industria, a que le otorguen los derechos de explotación reconocidos por ley. No se plantea ningún tipo de batalla legal y Bittini consigue su tercer as, el de picas, ante la escasa pelea con la que se encuentra en la Administración.
Con el título del derecho de explotación bajo el brazo, el empresario se va a un Ayuntamiento de La Oliva dirigido por Claudina Morales (CC) para solicitar licencia para extraer la preciada traquita que se esconde bajo la epidermis de Tebeto, pero tropieza con un informe en contra de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, dirigida por Domingo Berriel, hoy consejero que toma las decisiones relacionadas con este pleito en el Gobierno de Canarias.
Decía el Cabildo de Fuerteventura en aquel entonces que el planeamiento de La Oliva impedía la extracción en tres kilómetros a la redonda en el entorno de la montaña de Tindaya, que cogía de lleno a Tebeto. Esa prohibición supuso un as definitivo, el de diamantes, que le abrió a Canteras Cabo Verde la puerta de la indemnización millonaria.
“Si antes podía extraer la piedra y el Gobierno de Canarias me lo impidió, y ahora que puedo me lo impide el planeamiento, el Gobierno me debe indemnizar por ello”, debió pensar Bittini, que pidió en la ejecución de sentencia una indemnización por daños y perjuicios, pero fue rechazada por el TSJC por entender que la vía correcta era iniciar un expediente de reclamación patrimonial.
Armado de paciencia, el empresario vuelve a la Sala en busca del comodín y consigue, en julio de 2008, una sentencia firmada por el magistrado Francisco José Gómez Cáceres que le concede una indemnización de 92 millones de euros más intereses. Solicitada la ejecución provisional, el Gobierno de Canarias tiene de plazo hasta mañana lunes para ingresar los 101 millones de euros en la cuenta de Bittini. Nunca una partida de póquer dio tantos beneficios. Tal vez porque las cartas nunca estuvieron tan marcadas.
Luego te vas enterando de cosas como que la tasación que el juez dio por buena (la única que le pusieron delante, porque el Gobierno de la gente estaba muy ocupado con la gente como para presentar su propia tasación) la hizo un hijo del demandante, o que el informe pericial lo firmaba un tío de los hermanos Soria. Menudas reuniones familiares, proclamo.
Paulino se esfuerza en no pagar ni un céntimo, y en el Tribunal Supremo andan varios recursos, para cuestionar la sentencia del TSJC que han partido del Gobierno de Canarias, a lo que se suma una denuncia por lo penal que ha hecho el PSOE ante la Fiscalía.
Cien millones de euros no salen de la nada, eso parece claro. No rompemos el cerdito y empezamos a sumar la calderilla hasta juntarlo todo. Para pagarle esa morterada a Bittini hay que recortar de donde ya no se puede; bien lo sabe José Manuel Soria, que hasta parece agradecido por contar con tres cómodos plazos para apoquinar (gracias, señor juez, qué detallazo) y que ya busca hasta debajo de las piedras con qué abonar la indemnización.
Total, que cuando ves algo así, lo único que se te ocurre pensar es que todos los que han estado implicados en este disparate, ya sea por acción u omisión, son una manga de inútiles a los que no les duele lo más mínimo el devenir de las Administraciones o de los administrados.
Luego viene Coco (gracias) y te lo resume así:
Buen análisis de la realidad, Lady Perplejeishon, suyo y de su señora madre. Hay por ahí un cálculo hecho de lo que el señor Ruano ha costado con sus decisiones al erario público autonómico, y las cantidades son escalofriantes, empezando por lo del Parlamento. Eso sí, ¿por qué nadie se planteará el reclamar al iluminado de turno por la metedura de pata?