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Pufos ladrilliles

23/09/2007 11:31
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Un constructor denuncia que FCC le adeuda 800.000 euros de obras públicas. El propietario de Viatur Obras, SL, asegura que ha tenido que vender su piso y tuvo que despedir a más de 40 empleados porque, según él, el delegado de Fomento de Construcciones y Contratas en Tenerife se niega a hacerle efectivas las facturas de obras como una fase del barranco de Santos o el parque de La Vega.

Es la pescadilla que se muerde la cola de la que hablamos hace unos días. No solo el mercado inmobiliario está en crisis, ya se aprecian tranques en la obra pública derivados de la falta de liquidez de las grandes constructores. ¿Cómo es posible?, se preguntarán.

Es muy sencillo, las grandes obras públicas en Canarias se suelen otorgar a las grandes constructoras nacionales que presentan unos proyectos cojonudos, normalmente asociadas con alguna empresa local, que es la que aporta personal, en la fórmula conocida como U.T.E. (Unión Temporal de Empresas), aunque la unión puede ser durante años y años. La cuestión es que las grandes constructoras solo tiene delegaciones en Canarias, con arquitectos, aparejadores, algún encargado y la señorita de administración. Y punto. La otra u otras empresas aportarán algo de mano de obra, pero la realidad obliga que gran parte del personal se subcontrate, siendo ésta la peor fórmula para el trabajador y la mejor para el contratista. Y no se subcontrata a cualquiera, pues como pueden comprobar en la noticia, las SL son chiringuitos económicos donde un señor se forra (hasta que le dan el tranque) y sobrevive a base de obritas y reformas dadas por el consistorio de turno, asi que siempre son “amigos de”.

Lo que ahora está pasando es que los grandes capitales de lo público obtenidos por estos proyectos se estában invirtiendo en el mercado de la vivienda privada o en activos en bolsa, cosa que esarriesgada a partes iguales, lo que está dejando en banda a constructoras medianas (véase el caso CHC). Y en ocasiones, muchas obras municipales estan siendo abandonadas por falta de rentabilidad, porque el proyecto al final resulta más caro de lo previsto.

Así que ojito, porque más del 10% del PIB canario depende de la construcción y no habrá tanta obra pública para recolocar a todos los despedidos…

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